¿Cuándo regular tarifas y cómo garantizar eficiencia para los consumidores?

ANA MARÍA MONTOYA

En las últimas semanas se ha vuelto a discutir la Ley de Servicios de Gas del año 2017, en la cual a las empresas de gas natural -concesionarias de un servicio público- se les impuso una regulación de margen para la comercialización a consumidores finales y, donde a su vez, se buscó limitar los potenciales incentivos a incrementar los costos de producción, a través de la integración vertical de propiedad.

Una de las indicaciones en la normativa establecía que cualquier integración vertical en empresas del gas natural se podía hacer mediante licitación internacional sin afectar a los contratos en curso. Lo anterior, desde el punto de vista económico, tendría sentido si buscaba no afectar contratos previos establecidos, de tal forma de limitar la competitividad de empresas integradas. Lo que no se previó entonces fue que con dicha norma se permitiría legalmente aumentar los costos de Metrogas en términos dinámicos.

“Si buscamos regular precios a toda costa podemos, al final del día, seguir perjudicando a los consumidores y más aún limitando la competencia en los mercados”.

No es aislado el caso de una empresa regulada que busca extraer rentas en sectores relacionados. Hemos visto casos con problemáticas asimilables en la industria de medios pago y en el servicio de transporte de vehículos y de carga entre Niebla y Corral, entre otros.

Lo anterior, sin duda genera descontento y constata una conducta que se traduce en precios excesivos al consumidor final por parte de Metrogas, por lo que se plantea como solución la regulación de tarifas en la comercialización minorista. Sin embargo, a mi juicio surgen dudas sobre si es ésta la solución óptima. Si se quieren evitar este tipo de conductas, ¿es la regulación de precios minoristas la solución? Esto no es claro ya que la regulación de precios, para que sea eficiente, requiere información detallada y certera sobre predicciones de costos y demandas, y mecanismos que incentiven a las firmas a ser eficientes y traspasar ahorros de costos.

La incertidumbre para predecir costos y demanda en empresas que no poseen características de monopolio natural, como es el caso en cuestión, es costosa y de tal nivel de complejidad, que surge la duda respecto de si es lo más efectivo para el bienestar de los consumidores.

A mi juicio, este es un caso donde el Estado más bien debiese preocuparse de generar los incentivos conductuales para que las firmas internalicen los costos de sus malas prácticas, fortalecer la fiscalización y aplicar multas significativas en caso de que la rentabilidad máxima obtenida sea superada en el conjunto del grupo económico verticalmente integrado.

De esta manera las interpretaciones jurídicas que se hagan, aun existiendo vacíos regulatorios, tenderán a alinearse con el espíritu de lo que se busca limitar, como ocurre con las conductas contrarias a la libre competencia, donde las sanciones y probabilidades de detección son esenciales.

Si buscamos regular precios a toda costa podemos, al final del día, seguir perjudicando a los consumidores y más aún limitando la competencia en los mercados, no hoy, sino en términos dinámicos que es el gran desafío que debe ser abordado por la regulación del sector y lo que los consumidores esperaríamos.